En la mañana de hoy el Intendente del Municipio Capital, Alberto Paredes Urquiza, junto a su gabinete reclamó que el Gobierno de la Provincia no gira los fondos correspondientes a la comuna poniendo en jaque la economía municipal.
Comunicado de Prensa del Intendente Alberto Paredes Urquiza
En representación del municipio de Capital me dirijo a la ciudadanía a los efectos de informar la grave situación a la que nuestro municipio se ve sometido a raíz de la falta de envío de fondos por parte del gobierno de la Provincia.
A la actitud que desde el comienzo mismo de la gestión marcó la falta sistemática de envío de fondos para gastos de funcionamiento, se agrega este mes un hecho particularmente gravoso, en especial para el empleado municipal: la falta de envío de fondos para completar el pago de sueldo a los empleados.
En el transcurso de la semana pasada, el municipio remitió, como todos los meses, la liquidación correspondiente para abonar los haberes de los empleados; la Provincia sólo depositó el monto correspondiente al pago del haber líquido, pero NO DEPOSITÓ los montos correspondientes a las retenciones que debe hacerse a cada empleado que en forma voluntaria, o por decisión judicial, debe afectar parte de su sueldo al pago de diferentes conceptos, como por ejemplo, Litis, embargos judiciales, préstamos bancarios, cuota gremial, servicios sociales, seguros de vida, pago a comercios, etc.
Esta decisión arbitraria, injustificada, ilegítima del gobierno provincial, coloca a los empleados en una gravísima situación: aquellos que deben abonar Litis, por ej., corren el riesgo de ser considerados morosos, incursos en una conducta delictiva, e insertos en el Registro de Deudores de cuota alimentaria; aquellos que tienen créditos bancarios, quedan sujetos a ingresar como morosos en el clearing, tener que pagar intereses, no poder operar con sus tarjetas de crédito, etc; y por supuesto el daño que se provoca a terceros: las personas que deben recibir el pago de Litis, que recordemos tiene un carácter alimentario; o los gremios que no podrán recibir los montos que por lo general se deben a su vez a los comercios de donde los empleados extraen mercadería; o el grave perjuicio para aquellas personas (o sus familiares) que necesitan atención médica o de alguna empresa prestadora de servicios sociales, que a pesar de que se les descuenta de sus haberes la cuota mensual, la misma no puede ser abonada debido a que la Provincia se quedó con la suma correspondiente.
Esta actitud del gobierno de la Provincia indudablemente tiene un trasfondo político. Pero de ningún modo podemos aceptar que las discusiones políticas afecten la situación del empleado, que nada tiene que ver, y no puede verse perjudicado ni directa ni indirectamente por los posicionamientos políticos de la autoridad de turno. Esta actitud del gobierno provincial es decididamente injusta, e ilegal.—-
El plan pergeñado por quien adopta las decisiones políticas consiste en varias etapas, con el objetivo claro de producir un daño, cada vez mayor, a nuestra gestión al frente del municipio de Capital, afectando la gobernabilidad, y procurando crear una inestabilidad institucional que justifique las medidas más descabelladas que seguramente buscarán adoptar, desconociendo inclusive la voluntad popular de libre elección de sus gobernantes locales.
Hasta ahora, la primera medida fue la asfixia financiera progresiva. Somos el único municipio de la Provincia a quien se le envía CERO PESOS para gastos de funcionamiento, casi les diría que somos el único municipio en todo el país que sufre esta discriminación. La segunda medida, a partir de este mes, es la falta de envío de fondos hasta para cumplir con la más elemental responsabilidad que le cabe al gobierno provincial, que es la de garantizar la remisión de fondos para el pago de sus haberes a todo el personal de los municipios, con lo cual procuran crear un estado de malestar social y de crisis institucional interna al gobierno municipal de Capital.
La tercera medida, de una perversidad acorde a quien la idea y promueve, será la campaña de desprestigio progresivo hacia mi persona. Movidas de prensa, periodistas pagados, hablando y escribiendo en los medios y redes sociales; y hasta causas judiciales promovidas con la anuencia o con la sumisión de operadores judiciales amenazados por el poder, que ya están siendo “apalabrados” para obrar en tal sentido.
Todo forma parte de la maraña tendida por quien ejerce el poder en forma absoluta y despótica en la Provincia, pero ejecutada por sus súbditos que por temor y/o conveniencia siguen fielmente su mandato.
Más allá de que pueden combatirnos de mil maneras, y de hecho tienen todo el poder para hacerlo, nos mantendremos firmes en nuestra convicción, que tiende fundamentalmente a acabar con estas prácticas de daño, perversidad y malicia que degradan a nuestra sociedad y llevan a la Provincia a esta triste realidad de desamparo, injusticias y postergación que debe acabar de una vez por todas.
El límite de la discusión política debe estar en ese ámbito. Es absolutamente inadmisible que como consecuencia, se busque afectar al ciudadano común, como ocurre con el vecino de Capital, y menos aún al sector más débil de todos, el empleado municipal, destinatario involuntario del capricho y la malicia de quien detenta el poder. He instruido al señor Fiscal municipal para que instrumente las medidas judiciales que fueren menester, aún a sabiendas que el camino hacia la Corte será indefectible y tomará su tiempo; pero no podemos dejar de denunciarlo y plantearlo, y al mismo tiempo hemos comunicado a las entidades afectadas y a los señores titulares de los gremios y representantes de los trabajadores, como corresponde.
Lamento profundamente que este tenga que seguir siendo el marco de nuestra relación con un gobierno provincial con el que se supone debiéramos estar trabajando tratando de resolver los múltiples problemas que afectan a la gente, pero desgraciadamente éste es el camino en el que se nos quiere hacer transitar, seguramente para el rédito político perverso de quien usa el poder en beneficio propio y no en beneficio del pueblo de La Rioja. Muchas gracias.
En representación del municipio de Capital me dirijo a la ciudadanía a los efectos de informar la grave situación a la que nuestro municipio se ve sometido a raíz de la falta de envío de fondos por parte del gobierno de la Provincia.
A la actitud que desde el comienzo mismo de la gestión marcó la falta sistemática de envío de fondos para gastos de funcionamiento, se agrega este mes un hecho particularmente gravoso, en especial para el empleado municipal: la falta de envío de fondos para completar el pago de sueldo a los empleados.
En el transcurso de la semana pasada, el municipio remitió, como todos los meses, la liquidación correspondiente para abonar los haberes de los empleados; la Provincia sólo depositó el monto correspondiente al pago del haber líquido, pero NO DEPOSITÓ los montos correspondientes a las retenciones que debe hacerse a cada empleado que en forma voluntaria, o por decisión judicial, debe afectar parte de su sueldo al pago de diferentes conceptos, como por ejemplo, Litis, embargos judiciales, préstamos bancarios, cuota gremial, servicios sociales, seguros de vida, pago a comercios, etc.
Esta decisión arbitraria, injustificada, ilegítima del gobierno provincial, coloca a los empleados en una gravísima situación: aquellos que deben abonar Litis, por ej., corren el riesgo de ser considerados morosos, incursos en una conducta delictiva, e insertos en el Registro de Deudores de cuota alimentaria; aquellos que tienen créditos bancarios, quedan sujetos a ingresar como morosos en el clearing, tener que pagar intereses, no poder operar con sus tarjetas de crédito, etc; y por supuesto el daño que se provoca a terceros: las personas que deben recibir el pago de Litis, que recordemos tiene un carácter alimentario; o los gremios que no podrán recibir los montos que por lo general se deben a su vez a los comercios de donde los empleados extraen mercadería; o el grave perjuicio para aquellas personas (o sus familiares) que necesitan atención médica o de alguna empresa prestadora de servicios sociales, que a pesar de que se les descuenta de sus haberes la cuota mensual, la misma no puede ser abonada debido a que la Provincia se quedó con la suma correspondiente.
Esta actitud del gobierno de la Provincia indudablemente tiene un trasfondo político. Pero de ningún modo podemos aceptar que las discusiones políticas afecten la situación del empleado, que nada tiene que ver, y no puede verse perjudicado ni directa ni indirectamente por los posicionamientos políticos de la autoridad de turno. Esta actitud del gobierno provincial es decididamente injusta, e ilegal.—-
El plan pergeñado por quien adopta las decisiones políticas consiste en varias etapas, con el objetivo claro de producir un daño, cada vez mayor, a nuestra gestión al frente del municipio de Capital, afectando la gobernabilidad, y procurando crear una inestabilidad institucional que justifique las medidas más descabelladas que seguramente buscarán adoptar, desconociendo inclusive la voluntad popular de libre elección de sus gobernantes locales.
Hasta ahora, la primera medida fue la asfixia financiera progresiva. Somos el único municipio de la Provincia a quien se le envía CERO PESOS para gastos de funcionamiento, casi les diría que somos el único municipio en todo el país que sufre esta discriminación. La segunda medida, a partir de este mes, es la falta de envío de fondos hasta para cumplir con la más elemental responsabilidad que le cabe al gobierno provincial, que es la de garantizar la remisión de fondos para el pago de sus haberes a todo el personal de los municipios, con lo cual procuran crear un estado de malestar social y de crisis institucional interna al gobierno municipal de Capital.
La tercera medida, de una perversidad acorde a quien la idea y promueve, será la campaña de desprestigio progresivo hacia mi persona. Movidas de prensa, periodistas pagados, hablando y escribiendo en los medios y redes sociales; y hasta causas judiciales promovidas con la anuencia o con la sumisión de operadores judiciales amenazados por el poder, que ya están siendo “apalabrados” para obrar en tal sentido.
Todo forma parte de la maraña tendida por quien ejerce el poder en forma absoluta y despótica en la Provincia, pero ejecutada por sus súbditos que por temor y/o conveniencia siguen fielmente su mandato.
Más allá de que pueden combatirnos de mil maneras, y de hecho tienen todo el poder para hacerlo, nos mantendremos firmes en nuestra convicción, que tiende fundamentalmente a acabar con estas prácticas de daño, perversidad y malicia que degradan a nuestra sociedad y llevan a la Provincia a esta triste realidad de desamparo, injusticias y postergación que debe acabar de una vez por todas.
El límite de la discusión política debe estar en ese ámbito. Es absolutamente inadmisible que como consecuencia, se busque afectar al ciudadano común, como ocurre con el vecino de Capital, y menos aún al sector más débil de todos, el empleado municipal, destinatario involuntario del capricho y la malicia de quien detenta el poder. He instruido al señor Fiscal municipal para que instrumente las medidas judiciales que fueren menester, aún a sabiendas que el camino hacia la Corte será indefectible y tomará su tiempo; pero no podemos dejar de denunciarlo y plantearlo, y al mismo tiempo hemos comunicado a las entidades afectadas y a los señores titulares de los gremios y representantes de los trabajadores, como corresponde.
Lamento profundamente que este tenga que seguir siendo el marco de nuestra relación con un gobierno provincial con el que se supone debiéramos estar trabajando tratando de resolver los múltiples problemas que afectan a la gente, pero desgraciadamente éste es el camino en el que se nos quiere hacer transitar, seguramente para el rédito político perverso de quien usa el poder en beneficio propio y no en beneficio del pueblo de La Rioja. Muchas gracias.