La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudia el ataque realizado por una organización de militares contra una política de Estado y trabajadores de esta cartera que integran los equipos que llevan adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad.
La Unión Personal Militar Asociación Civil emitió un comunicado en el que pidió el cierre de esta Secretaría y atacó a dos integrantes del cuerpo de peritos y un miembro del Cuerpo de Abogados en Procesos de Verdad y Justicia.
La Secretaría, en representación del Poder Ejecutivo, es parte central de un proceso de Justicia por crímenes de la última dictadura que busca dar respuesta a la sociedad y cumplir los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos.
Las querellas como las que lleva adelante la Secretaría buscan impulsar la acusación en el marco del debido proceso legal. Dentro de ese marco, el cuerpo de peritos -creado por esta gestión- interviene ante la gran cantidad de prisiones domiciliarias concedidas a acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad, así como los casos en los que los imputados son apartados del proceso por cuestiones de salud. Quienes toman la decisión de conceder o revocar esos beneficios son los jueces federales y sus fallos son luego revisados por instancias superiores.
La actuación de querellas y peritos es parte de una política llevada adelante por la Secretaría, en articulación con los organismos de derechos humanos, para dar continuidad y profundizar la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado.
Así, se multiplicó el impulso en las causas, en especial las que abordan la responsabilidad civil y empresarial, y se realizó una intervención inédita en los procesos que se siguen en el exterior contra represores argentinos que se encuentran prófugos. Entre otros hitos, también se logró que el Museo Sitio de Memoria ESMA sea reconocido como institución referente del patrimonio y los derechos humanos a nivel global luego de ingresar al listado de patrimonio mundial de la Unesco.
El proceso de Memoria, Verdad y Justicia no es llevado adelante sólo por el gobierno nacional. Se trata de una política de Estado con la que se han comprometido los tres poderes desde hace 20 años por las que somos reconocidos en todo el mundo.
La memoria, la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes del pasado son una parte esencial de estos 40 años de democracia ininterrumpida. Necesitamos seguir defendiendo los derechos humanos y profundizar en su cumplimiento, especialmente en contextos donde los negacionistas toman protagonismo y asumen roles institucionales.
Fuente. Argentina.gob.ar / 06 de diciembre de 2023