“En Tucumán, en vez de pensar en construir un hospital multidisciplinario para internar a las y los pibes con consumos problemáticos, un centro de rehabilitación o habilitar un espacio para que puedan trabajar y no sean discriminados, el gobierno piensa en hacer más cárceles y más comisarías”, dice Beatriz, vecina del barrio Vía Diagonal Norte, en el municipio Yerba Buena.
“No hay una sociedad que esté dispuesta a apoyar a esos pibes, debido a la discriminación que existe contra ellas y ellos, ya que son estigmatizados como los negros con gorra. Esa misma discriminación llega hasta nosotras porque nos acusan de ser planeras y de darle de comer a delincuentes”.
Emilio Mustafá, psicólogo especialista en adicciones, menciona: “En la provincia predomina el policonsumo: alcohol, pasta base de cocaína, kripi, psicofármacos. Antes la edad de inicio de consumo en la provincia era de 14, 15, 16 años y hoy es 10 y 11”.
Desde la pandemia de Covid-19, en los barrios populares de Tucumán se legitimó la figura del tranza, porque “además de vender droga, abre merenderos, comedores, organiza el festejo del Día de las Niñeces y arma campeonatos de fútbol; les presta plata a las y los vecinos para que compren un kilo de carne que cuesta 2.800 pesos o para pagar la luz. Entonces, ha generado un proceso simbólico de aceptación social como referente y lo alarmante es que va degradando el tejido social”, explica Mustafá.
“El pibe necesita muchísima contención familiar, del Estado y de la policía, que, por otro lado, no está capacitada. La policía hoy los detiene, los golpea y los manda a robar. Ellos están al tanto de quién vende y de quién sale a robar”, aclara Beatriz.
Fuente: La Garganta Poderosa –