Frente a una orden de allanamiento a las oficinas de una comunicadora y el secuestro de sus instrumentos de trabajo, queremos señalar dos cuestiones:
1-la legalidad de medidas dictadas por un juez o jueza siempre en el marco de un proceso judicial que no objetamos.
2-La prudencia y/o proporcionalidad de una medida extrema para que no afecte derechos constitucionales como la libertad de expresión y prensa y el derecho al resguardo de las fuentes.
Nos parece que en esta disputa judicial, en la que bregamos para que se resuelva arreglada al interés superior del niño-niña y adolescente, creemos que hubo una desproporcionada y agresiva medida judicial.
Secretaria de DDHH de La Rioja