La abogada Elida Barrera, quien representa legalmente a Delfina Silva Sarranz, en el caso Arcoiris, hizo una presentación solicitando que la madre de la niña pueda dar su declaración a través de la plataforma Zoom, como lo hicieron otros imputados en la causa por impedimento por contacto.
Según sostuvo Elida Barrera, “hay que dejar de criminalizar a la madre”, tal como se expidieron autoridades de Derechos Humanos. En realidad –agregó Barrera- “ella es la única que ha protegido a su hija para que no sea nuevamente víctima de abuso, como lo venía siendo hasta la fecha”.
Por otra parte, indicó que los organismos de DD HH han hecho su presentación “a favor de no criminalizar a la madre y de la protección de la niña. Eso es muy positivo en cuanto a DD HH se refiere”. En otro tramo, acentuó su crítica, en cuanto en este caso “se está violando la Constitución Nacional”. Precisó Barrera que desde el año 1.994, el art 75 Inc. 22, incorporó diferentes tratados de DD HH. Entre ellos, la Convención de los derechos del Niño, que en su Art. 3 dice que ante toda otra situación, tiene que priorizar el derecho al niño. Esto es, “a vivir una vida libre de violencia en todo sentido, física, sexual, psicológica”. Pero además, advirtió que los niños también tienen “derecho al acceso a la justicia, como todas las personas y a una efectiva tutela judicial”.
No obstante, lamentó que “esto no esté pasando y la niña viene solicitando esto, hace cuatro años, a través de su madre quien es la única que la representa”. Viene reclamando sus derechos, está pidiendo justicia y que se la libere de este tormento y vejaciones”.
La abogada, solicitó un “cambio de calificación (de la causa), considerando la cantidad de años que la niña viene padeciendo lo mismo”. Es muy grave institucionalmente y también para la niña que es sometida a esta situación, resumió la Dra Elida Barrera.
Por su parte y en este marco, Ivana Cattaneo, abogada en el caso Manuela Calvo, indicó que “se desestimó una denuncia practicada por la abuela de Ana Delfina, por un dictamen de un fiscal”. El pedido de la abuela es para que “no se siga publicando la cara de la niña en medios periodísticos y redes sociales”. La medida no deja en claro “el criterio adoptado para unos y para otros”, remarcó la abogada Cattaneo. Mas delante, se refirió a los alcances de la Ley Micaela y recordó que las cuatro funciones del Estado están obligadas a capacitar a sus funcionarios públicos, (la Constitución Provincial incluye a la función Municipal), a dar la Ley Micaela”. Al finalizar, lamentó que la gente que “no quiere ver la perspectiva de género en los fallos de las juezas u omisiones en el expediente, también tienen que saber que una nueva generación esta empoderada en sus derechos”, resumió.