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Tras las recientes denuncias de abuso policial en las detenciones por la ley “840”, el Gobierno provincial a través del ministro y la plana mayor de la Policía salió a defender la cuestionada norma. Pero las estadísticas anunciadas no pudieron sostener la “bondad” de la medida.
Acompañado por el secretario de Seguridad, Luis Ángulo, el ministro Claudio Saúl salió a defender la polémica norma que permite a la Policía riojana arrestar, multar y retener el vehículo a quien maneje con 0,2 ml de alcohol en sangre.
Para abrir el diálogo con los medios, Saúl desmintió a la asociación Luchemos por la Vida, por difundir estadísticas mayores a las que maneja el Gobierno. Luego aseguró que en el 2016, el número de muertos por accidentes de tránsito disminuyó respecto al 2015.
Pero seguidamente reconoció que los accidentes viales habían aumentado.
Ante la consulta periodística, el ministro debió reconocer que no tienen números ciertos sobre cuantos de esos muertos, estuvieron alcoholizados. Esto deja en evidencia que no existe relación entre las reducciones de muertos, con el control que se realiza por el cuestionado decreto-ley.
También admitió que no existe infraestructura adecuada para alojar a los detenidos por el 840, que según la ley Nacional de Tránsito no pueden estar con detenidos por otros delitos o contravenciones.
También ante la insistencia periodística admitió que había tres penas por el.mismo delito (arresto, multa y secuestro del vehículo), pero se defendió “ningún juez la declaró inconstitucional”.
Finalmente negó que sea necesario informar a turistas sobre la ley provincial, pese a que la misma contraria lo que dispone la normativa nacional, que establece que el permitido de graduación en sangre es 0,5, cuando en La Rioja es de 0,2, mucho menor.