El gobierno provincial exigió el cumplimiento de la medida de no Innovar en el caso de las comunidades de los campos comuneros del departamento Independencia. Y promete “preservar todos los derechos de los poseedores de buena fe –los pobladores- que son los legítimos dueños de la tierra”.
Como Fiscalía y cumpliendo instrucciones del gobernador Ricardo Quintela, el Fiscal de Estado Emilio Rodríguez, se hizo presente en el paraje, Represa de la Punta (departamento Independencia). El objetivo –según indicó el funcionario- fue “hacer cumplir una Resolución emanada del Juez de Instrucción, Dr. Héctor Barría, que consiste en desalambrar todo lo que a partir de enero de 2021 se hizo hasta la fecha, en incumplimiento de una medida de no innovar que había dictado el propio Juez de Instrucción”.
Al mismo tiempo, Rodríguez sumó el mensaje de “tranquilidad para los pobladores” en cuanto, el gobierno provincial, a partir de la intervención de esta Fiscalía, “va a preservar todos los derechos de los poseedores de buena fe –los pobladores- que son los legítimos dueños de la tierra”.
Tierras fiscales
De acuerdo a lo explicado por el Fiscal de Estado, “todo lo que no se puede acreditar como propiedad privada, pertenece al fisco, es decir, a la provincia”. No obstante –aclaró el Fiscal Rodríguez- “no se está haciendo un prejuicio de ninguna naturaleza, simplemente, lo que se procura con nuestra intervención –dijo- es que se salvaguarde los intereses de la provincia y de los derechos de los poseedores legítimos de la tierra”.
Hechos relacionados
Rodríguez y en referencia a estos reclamos en el departamento Independencia, recordó: “Tenemos una vasta experiencia”. Y al respecto, mencionó los casos similares ocurridos en Valle Hermoso, Zapallar, Talampaya. En este sentido, se mostró confiado en la resolución del problema.
Incumplimiento de normas
Señaló el Fiscal Rodríguez, que el conflicto surge luego que, personas de San Juan, “compraron grandes extensiones de tierra y ellos han incumplido una norma, es decir, la medida de no innovar dictada por un Juez. Las construcciones de alambrados impiden el tránsito de los animales (vacunos de propiedad de los pobladores), hacia las aguadas y eso ha generado un conflicto mayor”.