El proyecto fue ingresado al Congreso en diciembre pasado por la oposición de izquierda con el objetivo de indultar a los manifestantes condenados y detenidos en el marco de la revuelta de 2019.

Por Guido Vassallo para Página 12

Un grupo de diputados oficialistas en sintonía con funcionarios del gobierno chileno exigieron al Senado que acelere la tramitación de la Ley de Indulto General a los presos del estallido social de 2019 para poder rechazar la iniciativa. Consideran que una eventual aprobación enviará “una muy mala señal a la ciudadanía” y una “sensación de impunidad”. El compromiso para frenar el proyecto, al que se sumó el candidato presidencial oficialista Sebastián Sichel, se produjo días después de la conmemoración del segundo aniversario del inicio de la revuelta, en donde se registró una masiva marcha pacífica que terminó con una serie de actos vandálicos en algunos puntos del país.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, sostuvo que se le pidió a los legisladores que “hagan todos los esfuerzos políticos para que ese proyecto sea retirado o bien rechazado en votación”. En declaraciones a radio BíoBío, Ossa agregó que comparte la preocupación de los diputados oficialistas y que le “parece una muy mala señal a la ciudadanía” la posibilidad de que la normativa sea aprobada.

El diputado Guillermo Ramírez, de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), expresó que “esto es un proyecto de indulto de delitos que son gravísimos y no pueden ser pasados por alto”, como el incendio y la destrucción a la propiedad privada. Sin embargo, el senador independiente Pedro Araya recordó que precisamente los diputados oficialistas son quienes obstaculizaron hasta aquí el avance del proyecto.

“Si tanto le interesa al gobierno que se vote el proyecto de indulto, yo emplazo al presidente Piñera a que le coloque discusión inmediata”, expresó Araya. En tanto Sebastián Sichel, uno de los siete candidatos a las elecciones del próximo 21 de noviembre, señaló que el proyecto “nivela la balanza a favor de aquellos que hacen actos de violencia” y “es un perdonazo para delitos graves contra la seguridad y contra las personas comunes y corrientes”.

En qué consiste el proyecto
El proyecto de ley fue ingresado al Congreso en diciembre pasado por la oposición de izquierda con el objetivo de indultar a los manifestantes detenidos en el marco del estallido social, la mayor ola de protestas en los 31 años de democracia de Chile, y se ha convertido en uno de los temas más candentes de los últimos meses. La iniciativa apunta a que durante las marchas se produjo “una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas” y acusa un abuso de la prisión preventiva.

La normativa propone conceder un indulto general, por razones humanitarias, a quienes fueron imputados o condenados en el marco de las manifestaciones y contempla las detenciones desde el siete de octubre de 2019 hasta el nueve de diciembre de 2020, excluyendo a los funcionarios de las ramas de las fuerzas de seguridad del país.

Según un estudio elaborado por abogados expertos en derechos humanos, unas 1.048 personas podrían ser indultadas en caso de ser aprobado el proyecto. La mayoría de los imputados son jóvenes de entre 20 y 40 años, acusados por los delitos de saqueos a cadenas de supermercado, formación de barricadas y uso de bombas molotov entre otros.

El proyecto de Ley de Indulto General fue aprobado en particular y de forma dividida en la Comisión de Constitución del Senado, razón por la cual fue remitida al recinto de la Cámara para su votación en general. El siguiente paso corresponde a que vuelva a la comisión y allí se le incorporen posibles modificaciones. Para ser aprobado el proyecto requiere un quórum de 26 votos, es decir, necesita dos votos del oficialismo y esos votos, indudablemente, no están.

Desde la oposición acusan una maniobra política del Ejecutivo. Entienden que en La Moneda saben que el proyecto está tan enredado que no tiene muchas posibilidades de ser aprobado. El diario La Tercera remarca que siempre se criticó, desde distintos lugares, que aunque la intención era apurar los juicios de los presos por el estallido, se confundió en su redacción a todas las causas (desórdenes con actos más violentos) y se abordó de manera similar amnistía con indulto.

Mientras oficialismo y oposición se enfrascan en una tensa discusión por los indultos, Chile conmemora dos años de la revuelta y en distintas protestas durante la semana se registraron incidentes que dejaron al menos dos muertos y decenas de heridos.

Los disturbios de esta semana perturbaron además la campaña electoral, a un mes de la primera vuelta de las presidenciales. El sondeo de Pulso Ciudadano, divulgado esta semana, ubica al frente al representante del Frente Amplio, Gabriel Boric, con un 21 por ciento de las intenciones, seguido del abogado ultraderechista José Antonio Kast, con el 16,3 por ciento. Aparece luego con 13,1 por ciento la única mujer en carrera, la democristiana Yasna Provoste, mientras se desvanecen las posibilidades de la otrora pieza fuerte del oficialismo Sebastián Sichel, quien alcanza apenas el 7,5 por ciento de los votos.