Diversos sectores políticos y sociales negocian presentar en el Congreso un proyecto de ley que garantice un ingreso permanente en lugar de los planes sociales actuales.
Por Natalí Risso para Página 12
La pobreza, la indigencia y la informalidad laboral, que se profundizaron con la pandemia, tienen un denominador común, que es la incertidumbre. En este contexto, un grupo cada vez más grande de organizaciones sociales, sindicatos y legisladores volvieron a poner en agenda la necesidad de implementar un Salario Básico Universal (SBU), para garantizar un ingreso permanente y llevar tranquilidad a un grupo de la población que hoy se encuentra desprotegido.
Se trata de un borrador que se convertirá en un proyecto de ley que aún se encuentra en etapa de conversaciones y definición interna, recorriendo oficinas y casillas de correo electrónico de distintos referentes de de la coalición gobernante. En defensa del proyecto, se resalta una necesidad de ordenar el mapa de políticas sociales a nivel nacional y provincial que equivaldría a una ampliación de derechos genuina. Desde el Poder Ejecutivo muestran interés pero le bajan el tono: el limitante, como siempre, es el costo fiscal. Otra diferencia importante tiene que ver con la existencia o no de una contraprestación laboral.
Planeros
Argentina tiene un fuerte recorrido en políticas de protección y conquistas de derechos sociales, que el neoliberalismo desacomodó y desvirtuó. Durante la presidencia de Eduardo Duhalde hubo planes sociales diseñados para incentivar la recuperación del empleo a través de la economía popular organizada. La complejidad de la crisis social, cuya máxima expresión fue aquel 53 por ciento de la población bajo la linea de pobreza, priorizaba la transferencia de ingresos con una urgencia que no siempre aseguraba la contraprestación laboral.
Los montos bajos obligaban a los beneficiarios a buscar otro tipo de changas para complementar esos ingresos que muchas veces eran incompatibles con la contraprestación que el mismo programa exigía. Ese error en la concepción del propio programa habilitó a que la conciencia popular incorpore al campo semántico de las expresiones discriminadoras a los planeros como quienes “no trabajan y viven de la teta del Estado”.
“Los planes sociales cumplieron un rol de complementar el ingreso de cooperativistas y en parte de generar una transferencia de ingresos. Hoy hay muchos planes destinados a generar trabajo y al mismo tiempo son una manera de que llegue plata a sectores populares. Eso de alguna manera rompe con el espíritu del programa. Nuestro planteo es que la transferencia de ingresos se haga por otra vía, así esos programas laborales generan el impacto deseado”, explica a PáginaI12 el diputado nacional y miembro de OCEPP Itai Hagman, organización que junto con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) elaboran el proyecto.
“Cuando se mezclan, empieza a haber un desquicio de la política social y la laboral. Es lo que está pasando en este momento: como las personas necesitan un ingreso porque la están pasando muy mal, la 9 de Julio es un corsódromo de organizaciones sociales que van a pedir un ingreso para la gente”, complementa Juan Grabois, dirigente del MTE.
Salario Básico Universal
El proyecto que está recorriendo las oficinas de dirigentes políticos dentro de la coalición del Frente de Todos pero también de la oposición se presenta conceptualmente como una ampliación del sistema de seguridad social, que cuenta con una protección muy amplia en niños y adultos mayores, pero con un gran déficcit para la población de entre 18 y 65 años sin hijos, pobres o de clase media baja sin patrimonio ni ingresos fijos, que quedan fuera de la asistencia. “Salvo el Potenciar Trabajo, no hay nada para ellos. Hay gente que no puede esperar”, afirma Grabois.
En términos concretos se trata de una transferencia de ingresos que, aunque se denomina universal, no llegaría a todo el mundo; sino a un universo definido que no cuenta con un ingreso fijo asegurado. El proyecto de Grabois sugiere cuatro categorías: los trabajadores “en transición a la formalidad” es decir cuentapropistas no profesionales o trabajadores no registrados; jóvenes de entre 18 y 30 que se encuentren formándose para integrarse al mercado laboral; trabajadoras de la economía del cuidado cuyo trabajo no se encuentra remunerado por el mercado; y una parte de la población rural que incluye a los pueblos originarios, comunidades campesinas, pequeños productores hortícolas y trabajadores temporarios.
El espíritu del programa es que se realice de manera automática y permanente a toda persona que certifique pertenecer a estos grupos (tras un cruce patrimonial y de consumos de tarjeta de crédito). No debe demostrar una contraprestación laboral, porque trata de darle valor a trabajos o tareas que el mercado no remunera.
Los defensores del proyecto citan como modelo a la Asignación Universal por Hijo (AUH): las transferencias las realizaría automáticamente la Anses a quienes certifiquen anualmente que pertenecen a estas categorías. “Es una ampliación de derechos, es un piso de ingresos sin discrecionalidad”, asegura Hagman.
Es por este motivo que pretenden convertirlo en ley para que, una vez conseguido, subsista gestiones y decisiones políticas. Si bien el proyecto aún es un borrador, los montos que se sugieren tienen que ver con una porción del Salario Mínimo Vital y Móvil (entre 30 y 50 por ciento), o bien el monto que equivale a la Canasta Básica Alimentaria como forma de mitigar la indigencia.
También insisten con que la transferencia sea individual y no por hogar o grupo familiar: “Es un caso muy común en los barrios que tenés un padre ausente que cobra la asignación y su compañera no gana nada. Es injusto plantear el ingreso en términos de núcleo familiar porque la verdad que la familia no es lo mismo que lo que era hace cincuenta años”, asegura Grabois.
“Se está trabajando en la parte técnica, terminando de pulir números, formas de implementación y evaluando a qué programas debería reemplazar, que en principio serían el Alimentar, las becas Progresar y seguros de desempleo y programas provinciales”, agrega Grabois.
“Estamos en una etapa de conversaciones internas. Tenemos un proyecto concreto y diseñado que se puede mejorar y abre a la discusión con otros espacios del Frente de Todos. Lo estamos discutiendo con Sergio Massa, Máximo Kirchner y luego vamos a tener que tener una discusión con el poder ejecutivo por el financiamiento”, complementa Hagman, quien asegura que vienen construyendo consensos porque se trata de una política más eficiente que los planes sociales actuales.
“Hay una yuxtaposición de programas impresionante y hay que hacer un mapeo para reordenar la política de seguridad social para que sea lo más justa posible y todo el mundo sepa sus derechos y sus obligaciones”, resume Grabois.
La historia oficial
En tanto el proyecto de ley recorre los despachos de Sergio Massa, Cristina y Máximo Kirchner; desde el Poder Ejecutivo muestran interés pero le bajan el tono. En diálogo con PaginaI12 el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo fue determinante: “No está en la agenda hoy en lo inmediato. Está claro que hoy no hay condiciones fiscales para hacerlo, pero es un debate sano que debemos darnos para adelante y que está ocurriendo en el mundo”.
De acuerdo al ministro, quienes serían destinatarios de este ingreso son alrededor de 3 millones de personas, muy por debajo de los entre 8,5 y 11 millones que pertenecen a las categorías del proyecto. “El número es una definición porque hay una restricción presupuestaria y también es difícil de estimar previamente. El ejemplo más reciente de esto es el IFE, que se pensó para 3 millones de personas y terminaron siendo 9 millones”, reflexiona Hagman.
Dado este panorama, parece haber dos cuestiones claves que van a definir el curso del proyecto: el consenso social y la mirada fiscal.
El primer punto tiene que ver con la distinción de las políticas de ingreso y de empleo. Daniel Arroyo entiende a la renta universal como “una base para generar un ingreso para personas que se encuentran por fuera del mercado, y debe tener una contraprestación laboral”. Ese concepto es distinto, e incluso se asemeja más a ese híbrido que critican los elaboradores del proyecto de ley. Sin embargo, son optimistas en función de las conversaciones que vienen llevando.
El costo fiscal es protagonista de la discusión: “Hoy el problema no es el consenso y la conciencia social, hoy el problema es el presupuesto”, asegura Grabois y continúa: “Acá la discusion es de 1 punto del PBI o 2 del gasto y es una capacidad que tenemos. El gobierno está ahorrando plata y tiene que elegir entre los acreedores, el FMI y la posibilidad de sacar de la indigencia a millones de personas y reducir fuertemente la pobreza. Si elige al Fondo no es más un gobierno popular. Es una pelea política que tenemos dentro de la coalición”.