La Iglesia Católica se involucró de lleno en el debate por la reforma de la Procuración General de la Nación, las procuradurías, direcciones, programas y todo el organigrama que dirige el jefe de los fiscales.

El pronunciamiento llegó a través de una carta firmada por el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, reelecto en las últimas horas como vicepresidente 1º de la Conferencia Episcopal. El texto cuenta también con la rúbrica del obispo de San Isidro, Oscar Ojea, un hombre muy cercano al Papa que acaba de ser votado por sus pares como nuevo titular del Episcopado.

El texto lleva además las firmas de los obispos Marcelo Colombo (La Rioja), Fernando Maletti (Merlo-Moreno), Gabriel Mestre (Mar del Plata), Carlos Tissera (Quilmes) y Oscar Miñarro, obispo auxiliar de Merlo-Moreno.

En el documento, dirigido a Federico Pinedo como titular del Senado y a los jefes de los bloques en la Cámara Alta, los obispos expresan su preocupación por la posibilidad de que en la ley que se vote en el Senado se deroguen Direcciones Generales y Procuradurías del ministerio público, en especial el programa de Acceso a la Justicia, conocido como ATAJO.

“La supresión de dicha área (por ATAJO) implica una mala señal para el trabajo realizado y para la institucionalidad obtenida, además del riesgo de dejar en la discrecionalidad la continuidad de dicha política para una futura gestión, dejando a los sectores más desprotegidos frente a la ley”, advierten en la misiva las autoridades de la Iglesia.

Según informa la propia Procuración en su web institucional, el objetivo del programa ATAJO apunta a “facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y su participación igualitaria en el sistema de administración de Justicia”.

Emplazadas en barrios y asentamientos con situaciones de exclusión y violencia, las reparticiones de la Procuración se llaman formalmente Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia. En el caso de la CABA, esas agencias están ubicadas en Villa 21-24 (Barracas), Villa 31 (Retiro), Villa 1-11-14 (Bajo Flores), Barrio Mitre (Saavedra) y Villa 20 (Lugano).

En la carta que le enviaron a Pinedo (y que también recibieron Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey), los obispos elogian la iniciativa y los resultados de ATAJO. “Siendo que se trata de la primera vez que funcionarios y empleados judiciales tienen presencia en estos barrios, resulta importante mantener y fortalecer dicha política, y en todo caso, correspondería ‘resaltarla’ en el futuro texto legal”, exhortan Poli, Ojea y sus pares de la Conferencia Episcopal.