El Juzgado Federal de La Rioja manifestó qué hay elementos suficientes para entender que podrían haberse cometido graves delitos por parte de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del gobierno de la CABA.
En el marco de la denuncia presentada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en contra de Silvio Robles, director general de Vocalía de la Corte Suprema de Justicia y señalado como colaborador directo del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti; y de Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la resolución de la justicia federal con asiento en La Rioja indica que “…los hechos denunciados revelan la posible comisión de conductas delictivas de gravedad institucional, que involucran a altos funcionarios de los diferentes Poderes del Estado, por lo que se impone indiscutiblemente la necesidad de instar la investigación a los fines de deslindar la responsabilidad penal que le cabría a los denunciados…”.
Asimismo en base al principio de territorialidad penal se remitió las actuaciones al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ser el lugar donde se cometieron los delitos denunciados.
Como se recordará, la denuncia fue realizada el pasado 5 de enero por considerar a Robles y D’Alessandro como posibles responsables de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público.
La nota hace hincapié en dos tipos de delitos: Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público, y también se denunció el tráfico de influencias. La denuncia finalizaba con pruebas, una solicitud de allanamiento y solicitaba el secuestro de los teléfonos celulares para que sean peritados y poder reconstruir la información.