El mandatario radical, Rodolfo Suárez,  dejó en firme los cambios que posibilitan el uso de cianuro y ácido sulfúrico para la explotación minera. Lo hizo a menos de 24 horas de la masiva marcha de protesta a la Casa de Gobierno provincial, que fue reprimida por la policía.

La actividad minera en Mendoza estaba limitada desde 2007. Sin embargo, días atrás la Legislatura provincial aprobó cambios a la ley 7722, que regulaba esa industria, y abrió la puerta a la megaminería a partir de la utilización de sustancias químicas como cianuro, ácido sulfúrico y otras similares.

La ley que modifica las regulaciones para la extracción minera es la 9209 y apareció promulgada en el Boletín Oficial de Mendoza este martes 24 de diciembre. En medio de las protestas que se replicaron más allá de la provincia en todo el país, se especuló con la posibilidad de que Suárez dejara pasar los días para que las modificaciones a la ley 7722 se promulgaran automáticamente. La decisión del gobernador de promulgarla a menos de 24 horas de la marcha que desde distintas ciudades mendocinas llegó a la capital provincial para pedirle que vetara los cambios es todo un gesto político.

El gobernador mendocino les dio así la espalda a los más de 50 mil mendocinos que se movilizaron hasta la Casa de Gobierno provincial. Esa marcha “en defensa del agua” fue la definida como la “más grande de la historia de Mendoza”.

La actitud del mandatario radical no sorprende: ayer no estuvo presente en la Casa de Gobierno, donde los asambleístas entregaron un petitorio que fue rechazado. El rechazo dio lugar a protestas por parte de los manifestantes y la policía mendocina respondió con represión.

EL GOBERNADOR RADICAL DESOYÓ EL CLAMOR DEL PUEBLO Y LA IGLESIA SE METIÓ EN EL CONFLICTO

La Iglesia Católica se metió de lleno en el conflicto minero de Mendoza, como derivación de las masivas protestas en torno al cambio en la Ley 7.722 de la provincia, permitiendo el uso de algunas sustancias químicas nocivas para el medio ambiente para la explotación minera. En una carta, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Daniel Colombo, le pidió  al gobernador Rodolfo Suárez “que no promulgue las modificaciones” a la norma y aseguró que “para estos proyectos mineros, como para todo cuanto compromete la vida y la salud de los habitantes y la Casa común, hace falta la licencia social, se requiere un consenso específico y explícito”, ya que de otra manera “se pone en riesgo la amistad social, y se apuran definiciones que necesitan tiempo para ser discernidas y decididas”.

Sin embargo, el pedido de Colombo no fue escuchado. El gobernador  promulgó las modificaciones a la Ley 7.722 y desde este martes ya rigen los cambios para la actividad minera, entre ellos el uso de cianuro y de ácido sulfúrico. La iniciativa fue publicada ayer en el Boletín Oficial.

PREOCUPACIÓN DE NACIÓN POR LA AUTORIZACIÓN DEL USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LA EXPLOTACIÓN MINERA

Foto: Org. Ambientalistas de La Rioja

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, expresó la preocupación que existe en el Gobierno nacional por la sanción de la Ley 7.722 en la provincia de Mendoza, que permite utilizar sustancias químicas en la minería.

“La competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno Nacional no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente”, señala el ministro en un comunicado. Al mismo tiempo evaluó una serie de medidas en el marco de sus competencias. Entre ellas, la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible como política de estado, enmarcadas en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas.

“Se ha dispuesto que las áreas correspondientes analicen una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental de la actividad minera, que sirva como instrumento de gestión ambiental, otorgando un piso mínimo de protección y respetando el dominio originario de los recursos naturales en función del artículo 124 de la Constitución Nacional”, concluye el comunicado del ministerio de Ambiente.

 

 

Fuentes: Página 12; Infobae, www.perfil.com