El Presidente de la Corte Suprema pidió “más transparencia en la información y un mayor control social”.
El jurista, que viene trabajando en cuestiones de derecho y ambiente desde hace más de 20 años, habló ayer en la Feria para anunciar el inicio de una reunión preparatoria en Buenos Aires que convocó a 60 juristas de todo el mundo . Como resultado de esa reunión, se generará un documento para llevar a la Cumbre Río+20 . Una de las propuestas sería la conformación de una comisión de jueces que trabajen a nivel global para que los acuerdos ambientales se cumplan. Porque, según Lorenzetti, uno de los principales problemas es la “efectividad de las normas”. En Argentina y en otros países se sancionan normas para la protección del ambiente, “pero no se cumplen . Nadie ignora hoy que el clima cambia, que los glaciares se derriten, que hay más catástrofe y desplazados ambientales . Pero esa preocupación no se trasunta en una dirección clara”.
Con respecto a la minería, Lorenzetti señaló que “ siempre fue motivo de conflicto . Sólo hay que hacer memoria”. Recordó un caso notable de explotación minera sin control: el cerro Rico de Potosí, en Bolivia. Desde 1545, la montaña fue explotada para la extracción de plata y otros minerales que eran llevados para España. El año pasado, un estudio científico identificó que el cerro boliviano tiene áreas con serio riesgo de hundirse.
Luego, Lorenzetti mencionó que en el siglo XIX hubo críticas a la minería que dieron lugar a cambios en los derechos laborales de los trabajadores, y llegó al presente con los conflictos por la megaminería que existen en Argentina. Aunque no nombró alguno en particular. “Hay desarrollistas extremos que plantean falsas opciones : que dicen si no hay minería, no hay celulares. Lo cierto es hoy nadie cuestiona a la minería.
Lo que se cuestiona es la megaminería sin el control social ”. Subrayó que se necesita más participación de entidades independientes que puedan hacer estudios de impacto ambiental, mayor transparencia de las empresas mineras , y permitir la participación ciudadana.
Luego sumó la cuestión de quién paga los costos ambientales del desarrollo económico . Hasta ahora recayeron en los más pobres. Son ellos los que sufren la contaminación, como ocurre con el Riachuelo. En este punto, Lorenzetti también remarcó la necesidad de otro cambio: “Los costos ambientales deben ser soportados con criterios de justicia equitativa. Hay que implementar este cambio en la legislación argentina”.