Fuente: EL DISENSO

Los laboratorios del Mercado Central retiraron alimentos de la venta luego de detectar restos de pesticidas, herbicidas y fungicidas en niveles no permitidos en más del 60% de la verdura. En los cítricos el porcentaje es mayor. De acuerdo a los datos oficiales, el hallazgo de sustancias no aptas para consumo humano aumenta en un 5% cada dos años. El Glifosato está presente en el agua y en la comida de los argentinos.

Esta semana, Infobae dio a conocer las cifras oficiales brindadas por el Laboratorio del Mercado Central y los datos son alarmantes: más del 60% de la verdura queda descartada por exceso de agrotóxicos, y en las frutas el porcentaje aumenta de acuerdo a la variedad.

Según los datos oficiales, cerca del 98% de las tandas de peras que arribaron al Mercado Central de Buenos Aires, La Plata y General Pueyrredón dieron positivo para 20 variedades de insecticidas y fungicidas.

Casi el 93% de las muestras de apio y más del 91% de las mandarinas dieron positivo para 16 pesticidas.

El 85% de las manzanas evidenció la presencia de 22 tipos de insecticidas, fungicidas y acaricidas.

El 76,6% de las muestras de frutilla expuso restos de 17 plaguicidas.

De un total de 27 frutas, verduras y producciones similares relevadas, solo cuatro variedades dieron cero en contaminación: cebolla, batata, yerba mate y almendras.

En 2016, el 65,4% de las partidas de apio que se encontraba a la venta arrojó concentraciones de insecticidas y fungicidas por encima de los Límites Máximos de Residuos fijados por la normativa vigente en nuestro país.

En total, se constató la presencia de 21 agroquímicos sólo en ese producto, entre ellos el insecticida endosulfán, de uso prohibido en la Argentina desde mediados de 2013.

En la zanahoria, el 62,5% de las muestras analizadas dio un resultado similar -6 principios activos, divididos entre insecticidas y fungicidas.

El 50% de las muestras de pimiento y el 41,4% de las muestras de frutilla revelaron una concentración de tóxicos que viola las pautas legales.

En la rúcula, el organismo oficial ubicó partidas contaminadas con DDT, un insecticida cancerígeno de uso prohibido en la Argentina desde 1990.

De los 34 productos monitoreados, apenas 8 midieron dentro de los límites permitidos por la normativa nacional.

Los resultados revelan que el Estado sabe que la mayoría de las frutas y verduras comercializadas en el país se encuentra contaminada con agroquímicos.

Los hallazgos de sustancias no aptas para el consumo humano en frutas y verduras aumentaron un 5% en los últimos 2 años, y la tendencia es creciente; esto significa que de no mediar una política urgente, en la próxima década el 100% de la verdura se encontrará “no apta” para consumo humano por exceso de agrotóxicos.

El problema aún se agrava: las verdulerías de barrio no pasan por los controles realizados en los laboratorios oficiales del Mercado Central, haciendo imposible determinar el porcentaje de sustancias prohibidas que poseen.

Un año atrás, desde El Disenso, publicamos un estudio del Conicet sobre la presencia de residuos de agroquímicos y metales pesados en el Paraná que detectó que el fondo de un río que desemboca en la cuenca tiene más glifosato que un campo de soja.

 

El biólogo Damián Marino, investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) reveló que en el tramo superior de la cuenca “hay concentraciones de distintos insecticidas de uso agrícola”, mientras que desde la media hacia la baja “existe una contaminación múltiple” con algunos metales y principalmente con glifosato, explicando que si se toman en cuenta los parámetros internacionales, las muestras superaban por amplio margen los niveles de presencia tolerables con respecto al insecticida endosulfán, y sus posteriores reemplazantes: clirpirifós y cipermetrina.

Los niveles de glifosato más AMPA, el metabolito en la degradación del glifosato, hallados en la cuenca del río “son unas cuatro veces las concentraciones que pueden encontrarse en un campo sembrado con soja”, concluyendo que “El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja”.

Unos meses después, ante la muerte de 72 millones de abejas en Córdoba, y la confirmación de que la causa fue la excesiva presencia de agrotóxicos, el Ministro Etchevehere fue tajante: “El modelo de agroquímicos no va a cambiar“.

En la provincia de Buenos Aires, el Ministro de Agroindustria Sarquis, ex gerente de ventas y Country Manager de la empresa Monsanto, firmó la Resolución 246 a través de la cual dio vía libre para la aplicación de fitosanitarios (Glifosato) en los lotes que linden con establecimientos educativos, campos de bombeo o baterías de pozos para el abastecimiento público, cuerpos y cursos de agua emplazados en el área rural. La única salvedad que el hombre de Monsanto dejó por escrito fue que de fumigar cerca de los establecimientos educativos, “la aplicación deberá efectuarse fuera de horario escolar“.

La Resolución 246 provocó un fuerte repudio y diversas organizaciones solicitaron a la gobernadora su inmediata derogación, por lo que con el escenario electoral de provincia centrado en las paritarias docentes, se decidió aplazar “temporalmente” la medida tomada por Sarquis.

El 19 de febrero, desde El Disenso publicamos la nueva norma que suspende la vigencia de la Resolución 246/18 por el término de 1 año, al tiempo que intima a “Abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios, en los lotes que linden con establecimientos educativos, campos de bombeo o baterías de pozos para el abastecimiento público, cuerpos y cursos de agua emplazados en el área rural“. Es que en año electoral, no está bien visto fumigar niños.

Crédito fotos: Infobae