Organismos internacionales habían actuado sobre el caso como un hecho paradigmático de violencia política.

Durante la primera Convención partidaria que realizó la Unión Cívica Radical de Catamarca ayer sábado, una de las primeras cuestiones que debieron tratar fue una nueva impugnación de la asunción en su cargo como convencional de Jessica Nieto. La mujer es una de las siete radicales sancionadas por el anterior Tribunal de Conducta partidiario, acto que trascendió internacionalmente como paradigmático de violencia política, ya que el castigo se les impuso por pedir que un correligionario imputado por abuso sexual no pueda ser candidato a la presidencia del Comité Capital.

La impugnación fue presentada por el afiliado Enrique Sir, quien argumentó su pedido en lo expuesto por el Tribunal de Conducta en febrero último: “La afiliada Nieto emitió expresiones injuriantes, las cuales fueron públicas y notorias, razón por la cual el tribunal de conducta de nuestro partido aplicó la sanción efectiva de 5 meses de suspensión para el cargo que fue elegida”, señala.

Sir, junto a un grupo de afiliados de la línea Morada de la UCR, fue quien organizó la primera presentación contra las siete mujeres: Nieto, Gabriela Nieva Larcher, Natalia Herrera, Gabriela Lobo Vergara, Vilma Canseco, Claudia Vera y María Luisa Moreno y logró que el Partido las “discipline” suspendiéndolas en sus cargos partidarios.

Las radicales habían apelado esta medida ante la Justicia Federal. Como este recurso tiene efecto suspensivo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo -que es la sanción aplicada-, ellas quedan habilitadas para ocupar sus cargos paridarios.

Por esta razón, y tras una larga discusión, la Convención decidió rechazar este nuevo pedido de Sir y les permitió a las mujeres ocupar sus lugares.

Violencia política
La contienda desatada tras la sanción aplicada a las siete mujeres, trascendió las fronteras del país. Así, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género analizó este caso y dictaminó que “La inhabilitación para desempeñar los cargos por los cuales fueron electas de manera democrática por denunciar a un miembro de su propio partido, quien es quien debería estar en el foco de los cuestionamientos, conforma un claro caso de violencia política”.

En tanto, la situación está siendo analizada también por el equipo de expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), responsable de examinar los avances en la implementación de la Convención por sus estados parte, así como de las respuestas estatales ante la violencia contra las mujeres.

Espíritu antidemocrático
Por otra parte, luego de la Convención, las siete mujeres se reunieron y redactaron un documento con su opinión sobre lo sucedido en el acto partidario que luego hicieron público: “No vamos a perimitir ningún nuevo ataque, que amparándose en argumentos jurídicos de escasos recursos tengan por objetivo generar mayor confusión respecto de nuestra acción y pensamientos políticos, en una estrategia que claramente persigue igualarnos a la calidad moral de agresores sexuales que buscan en la política el resquicio mediante el cual obtener impunidad y licencia social”, destacaron.

Agregaron que celebran “que el partido haya rechazado por improcedente la propuesta de impugnación que a estas alturas sólo puede ser leído como un nuevo intento de continuar dañando la institucionalidad partidaria, debilitándolo en sus centenarias fortalezas como los valores y principios cívicos que cimentaron su trayectoria republicana”.

Asimismo, celebraron que “se hayan activado los mecanismos de la cordura y de la racionalidad política y que el anacronismo y el espíritu antidemocrático sean sólo un triste pasaje interpretado por personajes que buscan imponer criterios por la fuerza, desoyendo incluso el dictamen judicial”.