El Consejo Superior de la UNJu resolvió por unanimidad presentar una demanda penal contra la gobernación y rechazar las disculpas ensayadas por el gobernador.
La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) demandará penalmente a la gobernación de Gerardo Morales por el accionar ilegal de la policía jujeña, que ingresó sin orden judicial a la Facultad de Ciencias Agrarias y detuvo a dos dirigentes estudiantiles, a quienes luego golpeó y maltrató en una comisaría.
La decisión fue tomada por unanimidad en una sesión especial del Consejo Superior, que rechazó las disculpas del mandatario enrolado en Cambiemos “hasta tanto no se observen hechos concretos congruentes con esa actitud”. Los consejeros de la UNJu también reivindicaron la autonomía universitaria y decidieron pedirle al Congreso que se expida sobre el episodio.
El jueves pasado a la madrugada una docena de policías con armas largas y sin identificación patearon un portón y entraron a un campus universitario donde se hacía un asado de bienvenida a nuevos alumnos. Joaquín Quispe, presidente del centro de estudiantes, fue el primer detenido, por preguntarles a los incursores si tenían orden judicial.
Ya en la seccional primera, por negarse a sacarse la ropa para ser requisado, lo asfixiaron levantándolo del cuello y cuando notaron que lo ahorcaban, esposado por la espalda, lo tiraron al piso y lo dejaron a la intemperie. Lo liberaron a las 10 de la mañana, sin permitirle hacer un llamado.
El episodio trascendió por la denuncia inmediata y la difusión de los videos que muestran a Quispe pidiendo que no lo lastimen. Frente al descargo del Ministerio de Seguridad jujeño, que sugirió que habían actuado para constatar una contravención por “ruidos molestos”, se produjo un repudio generalizado que incluyó a organismos de derechos humanos, universidades de todo el país, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y hasta la agrupación radical Franja Morada, que pidió sanciones para “el o los responsables de este irregular accionar”.
El Consejo Superior de la Universidad de Jujuy reafirmó en su declaración “la autonomía como valor innegociable de la universidad pública, abierta y gratuita, siendo su vigencia un principio que está por encima de cualquier coyuntura y/o proyecto político que atente contra un valor elemental de la sociedad democrática”.
Repudió como “una grave afrenta a la comunidad académica” los intentos de instalar “desde las más altas esferas de gobierno y los medios de comunicación que nuestra casa de estudios no es más que un lugar de expendio de bebidas alcohólicas”, por lo que reivindicó su “aporte académico y social”.
Rechazó las expresiones de Morales porque “estigmatiza a la juventud y a nuestros estudiantes”, destacó que “una forma de opresión y subordinación es menospreciar al otro”, y rechazó también sus disculpas “hasta tanto no se esgriman explicaciones contundentes sobre la violación de la autonomía universitaria, la detención y apremios ilegales” a los dos estudiantes. En los últimos párrafos, le encomendó al rector efectuar una presentación ante el Congreso, como “autoridad a la cual le compete garantizar la autonomía universitaria”, e iniciar una acción penal contra el gobierno jujeño.
Fuente: El ancasti