En diálogo con ACTA, Jorge Yabkowski, Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA-CTA) y Secretario de Salud Laboral de la CTA Autónoma habló sobre el intenso año de lucha que vivió la organización que nuclea a los trabajadores de la salud de todo el país y a la victoria que logró la campaña que llevan adelante junto a otras organizaciones contra el glisfosato al conseguir que un fiscal general hiciera un dictamen contra el uso de este herbicida cancerígeno. “En la Argentina, en el año 2005 se tiraban 35 millones de litros sobre los cultivos, hoy se tiran 350 millones”, detalló el dirigente.
-¿Cómo analizan este momento sindical y político tan particular?
– Desde FESPROSA tenemos la firme convicción que hay un espacio vacío en el sindicalismo argentino para la autonomía, para la democracia, la no partidización y para defender auténticamente los derechos de los trabajadores que el triunvirato de la CGT y los gremios que han vendido a los trabajadores en esta etapa no han hecho.
-¿Cómo fue el año que termina para FESPROSA?
– En particular, en nuestra organización cerramos el año con grandes luchas. El 28 de diciembre tuvimos una jornada de lucha en la provincia de Buenos Aires, frente a una oferta del gobierno de Vidal de 98 pesos de aumento. Tenemos una jornada de lucha, paro y movilización en Jujuy, paro por 48 horas en Catamarca. Estado de alerta y movilización contra la represión contra los compañeros en Santa Fe y Tucumán. Tenemos movilización en Chubut contra el despido de 18 compañeros que han perdido su trabajo inestable. Y en general un estado de movilización en el sector de salud en toda la Argentina producto de que realmente el Gobierno Nacional está atentando contra la salud pública levantando a la salud privada a través de esta bendita y falaz cobertura universal de salud.
En ese marco la FESPROSA levanta claramente la necesidad de la autonomía, de trabajar fuertemente por la unidad de la CTA y del movimiento obrero y en ese sentido toda sede sindical para el funcionamiento democrático, para nosotros es una alegría y a su vez un desafío para el cumplimiento de la agenda pendiente.
-¿Y en relación a la lucha contra el glisfosato?
– Venimos peleando hace un año y medio que lanzamos la “Campaña Sí a la vida, no al glisfosato” en el marco del Colectivo Sanitario Andrés Carrasco, un gran investigador ya fallecido que fue el primero en demostrar, en contra de Lino Barañao y toda la banda del CONICET que lo denigraba, que el glisfosato era cancerígeno y que la principal arma herbicida de Monsanto para aumentar los cultivos transgénicos es el glisfosato.
-¿Ha aumentado la cantidad de glisfosato que se usa anualmente?
– En la Argentina, en el año 2005 se tiraban 35 millones de litros sobre los cultivos, hoy se tiran 350 millones. Y tenemos el porcentaje de herbicidas tóxicos por habitante más alto del planeta. En ese marco, después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelara que el glisfosato es cancerígeno lanzamos una campaña de la que también fueron parte la Red de Médicos de los Pueblos Fumigados, la Red Eco Socialista, la Red Universitaria de Ambiente y Salud y un montón de organizaciones como la Cátedra de Extensión de la Universidad de Rosario.
-¿la campaña la lanzaron todos juntos?
– Junto con ellos presentamos, ante el SENASA y ante los Tribunales la necesidad de la prohibición del glisfosato y el primero de diciembre de este año el fiscal Fabián Canda de la Fiscalía General emitió un dictamen en el que pide la prohibición del glisfosato en todo el país y lo eleva a la Cámara Nacional Contenciosa Administrativa Tercera que es la que va a dirimir este dictamen. Nosotros por supuesto estamos trabajando en una campaña de difusión de este dictamen que es muy progresivo que toma todos nuestros argumentos y a partir de eso vamos a trabajar sobre las cámaras mismas para que en las audiencias se demuestre esta toxicidad ya probada del glisfosato y poner fin a esta depredación del medio ambiente, del suelo y de la salud de las personas. Estamos muy contentos difundiendo el fallo y trabajando fuertemente para que el año que viene en las audiencias logremos una victoria judicial en este punto.
“No se puede soslayar la trascendencia de este dictamen contra el glifosato”
A principios de diciembre el fiscal federal Fabio Canda, de la Fiscalía Nº 8 de la Ciudad de Buenos Aires, produjo un escrito de apelación luego de que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazara en primera instancia una medida cautelar contra la aplicación de glifosato. La misma había sido interpuesta en un proceso judicial colectivo en el que se reclama la reparación del daño ambiental ocasionado por los cultivos trangénicos y los herbicidas asociados en nuestro país.
En el dictamen de Canda se retoman informes e investigaciones críticos del uso del herbicida elaborados por organismos oficiales y no oficiales tales como la Red de Médicos de Pueblos Fumigados (Reduas), la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), la cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) o la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos.
El escrito de Canda retoma también argumentos en defensa del medio ambiente y el derecho a la vida digna emanados de la Constitución Nacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Parte de remarcar que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, declaró a cinco pesticidas, entre ellos el glifosato, como cancerígenos “posibles” o “probables”.
Desde Notas dialogamos sobre la importancia de este dictamen del Ministerio Público con Jorge Yabkowski, quien además de ser médico es presidente de Fesprosa, integrante del Colectivo Andres Carrasco y secretario de Salud Laboral de la CTA Autónoma. Yabkowski destacó la repercusión que logró el escrito de Canda en los medios a pesar de que estamos ante “una prensa amordazada y comprada por las multinacionales de la producción del paquete transgénico con agrotóxicos”. En ese sentido, recordó que son “los grandes auspiciantes de La Nación, de Clarín Rural, del Canal Rural, de Radio Continental y de Mitre”.
Sostuvo que se trata de un texto “impecable por la forma y el contenido” que constituye “el primer dictamen claro de un fiscal de la Nación tomando los argumentos nuestros y de otros ambientalistas en el sentido de la peligrosidad para la salud de los agrotóxicos”. “No se puede soslayar la trascendencia de este dictamen”, insistió.
Yabkowski destacó que el mismo se produce en un contexto internacional que es “cada vez más favorable”, particularmente después de la reunión del Tribunal de La Haya contra Monsanto y de la prohibición restringida en Colombia, Holanda o Francia, además de planteos similares en otros países de Europa. Pero aclaró que la diferencia con el conflicto en nuestro país es que la discusión actual “es qué se hace donde el glifosato y la soja no son un actor lateral sino uno central, es decir, Estados Unidos, Brasil, Paraguay y Argentina que producen el 99% de la soja transgénica del mundo”.
El escrito del fiscal Canda retoma estudios que plantean que en nuestro país el uso del glifosato “se ha elevado exponencialmente si se lo compara con otros países”, por lo que Argentina “se ubica en el segundo lugar mundial de mayor utilización de herbicidas por hectárea”. Por esto, Yabkowski consideró que aquí es donde “se juega todo el poder de lobby sobre la Justicia, sobre los medios y sobre los organismos de control”. “Porque no se trata de un vuelto sino de un movimiento central del capital”, concluye.
Del texto surge claramente el vínculo “ineludible” entre organismos genéticamente modificados (OGM), transgénicos, y agrotóxicos, “pues las modificaciones genéticas implementadas sobre aquellas tienen como norte tornarlas resistentes a ciertos herbicidas entre los cuales, en lo que ahora interesa, el glifosato o las sales derivadas del mismo descuellan por su incidencia porcentual”.
El dictamen también resulta inédito en las referencias explícitas a “mayores porcentajes de niños nacidos con malformaciones congénitas y abortos espontáneos en Misiones y Chaco”, además de la “degradación de la capacidad productiva del suelo, contaminación del aire y envenenamiento de los cursos de agua”. Otra referencia importante es al “caso Gabrielli”, del Barrio Ituzaingó de Córdoba, donde un fallo de la Cámara en lo Criminal de la 1° Nominación de la provincia plantea que “los peligros que para el medio ambiente y la salud implican la utilización de agrotóxicos pueden considerarse en la actualidad de nuestro país como de público y notorio”. La resolución judicial cordobesa concluye preguntándose: “Si está demostrada su toxicidad tanto para humanos como para animales, ¿porqué semejante tiempo de espera en su prohibición?”
El texto de Canda pide se haga lugar a una cautelar para la “suspensión provisional de la aplicación de agroquímicos, herbicidas, fitosanitarios, fungicidas y/o cualquier otro paquete químico atado al uso de las semillas transgénicas que contengan glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo”. En caso de que no se aceptase íntegramente el recurso cautelar se plantea que “se ordene al Poder Ejecutivo disponga la suspensión de las aplicaciones aéreas y de las terrestres a menos de 5 mil metros de las zonas urbanas, asentamientos, escuelas rurales, huertas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua para consumo humano”. El fiscal plantea su intención de avanzar hasta la Corte Suprema si fuera necesario.
En cuanto al recorrido judicial del planteo del fiscal, Yabkowski considera que por el momento es sólo un pedido apelatorio pero que cuando lo aborde la Cámara Contenciosa Administrativa 3 “va a ser aún más trascendente”. Se espera que la Cámara lo trate después de la feria judicial, momento en que “hay una esperanza de que produzca un fallo sobre este dictamen en el primer semestre del año”. “A favor o en contra va a salir algo este año”, concluye el presidente de Fesprosa.