Luxemburgo será el primer país de la Unión Europea en prohibir el uso del glifosato. La prohibicion completa regirá a partir del 31 de diciembre de 2020.

Lo anunció el Ministro de Agricultura de Luxemburgo, Romain Schneider.

El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nobel Alternativo 2004, calificó de “histórica” la decisión y la contrapuso a lo que ocurre en Argentina “donde el Estado a través del SENASA es cómplice del uso del glifosato”.

Montenegro recordó que el herbicida glifosato “es considerado probable cancerigeno humano por la Agencia Internacional para la Investigacion sobre el Cancer, IARC, que lo ubicó en el grupo 2A. Aunque empresas como Monsanto Bayer trataron de cuestionar con mala ciencia la conclusión del IARC, el organismo -dependiente de la Organización Mundial de la Salud, OMS- mantuvo y mantiene que el glifosato es probable cancerígeno humano”.

Agregó que en Argentina el SENASA, organismo nacional que autorizó el herbicida “no inició ningún proceso de revisión del glifosato pese a la clasificación del IARC y a la abundante bibliografia que muestra sus graves riesgos para la salud humana, la biodiversidad y el ambiente. Si el SENASA continúa mirando para otro lado habrá que lograr esa revisión por vía judicial”.

“El Estado Nacional ha sido tan irresponsable que ni siquiera ha conducido una evaluación nacional de contenido de glifosato y AMPA, su derivado químico, en muestras de orina de personas de todo el país, y en muestras de suelo, agua, alimentos y otros medios. No quieren hacerlo porque saben cuáles seran los resultados”.

Tras reiterar que el SENASA tiene “protocolos inaceptables para la aprobación de plaguicidas pues utiliza principalmente información aportada por las empresas” consideró inaceptable que los sucesivos gobiernos permitieran el uso de glifosato “sin que existiera capacidad de laboratorio para detectar cuali cuantitativamente glifosato y AMPA en orina humana. Hasta hace unos 5 años aproximadamente era necesario enviar las muestras a Alemania y otros países. El gobierno nacional aprobó por lo tanto un producto cuya presencia no era identificable en muestras de orina de las personas, situación que se mantuvo irresponsablemente por más de 15 años”.

El Ministro de Agricultura de Luxemburgo, Romain Schneider, sostuvo que la prohibicion del glifosato, acordada en 2018, “es un paso decisivo” para el desarrollo sostenible “que responde a la utilización de productos fitofarmacéuticos modernos y respetuosos del ambiente”.

La prohibición en Luxemburgo se hará en tres fases, la primera que evitará la colocación del producto en el mercado (1 de febrero), la segunda que establece un plazo para agotamiento de stocks (30 de junio) y la tercera con un plazo de gracia para su utilización hasta el 31 de diciembre, en que la prohibición sera completa y efectiva.

El Dr. Raúl Montenegro, que es profesor titular de Biología Evolutiva Humana en la Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba) volvió a insistir que la totalidad de los eventos transgenicos que aprueban SENASA y CONABIA, y los plaguicidas autorizados por SENASA, “deben ser sometidos a revisión, pero no revisión sesgada e incompleta, sino revisión independiente y participativa”.

Montenegro mencionó como ejemplo “de la piedra libre vigente en Argentina” el caso de “la proteína insecticida Cry1Ab que producen algunos cultivos transgénicos, por ejemplo el maiz transgénico Mon 810 de Monsanto. Qué autorización tiene ese plaguicida generado desde la propia planta de maiz, un OGM que sí ha sido autorizado por CONABIA y SENASA? Le ha preocupado al SENASA, a CONABIA y al área de Salud de la Nacion saber si hay presencia de esa proteína insecticida en las personas y el ambiente? La respuesta es no”.

FUNAM consideró que tanto SENASA como CONABIA “deben ser intervenidos” y que las normas que regulan las autorizaciones y revisiones “deben ser reelaboradas mediante buena ciencia y procesos participativos. Pareciera que el Estado Nacional no protege a las personas y al ambiente, sino a los intereses de la agricultura industrial, de los grandes sojeros y de las corporaciones internacionales, entre ellas Monsanto Bayer, Syngenta o la local Bioceres”.

“La mayor disponibilidad de dólares por el Estado no debe conseguirse con la exportación de nutrientes de los suelos sometidos a agricultura industrial, los desmontes, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, la contaminación y su efecto más grave, la pérdida de salud y la muerte de personas expuestas”.