El juez que integró una banda de asesinos y torturadores

La Cámara Federal de Casación Penal determinó que el juez de la dictadura Roberto Catalán debe ser condenado como partícipe de una asociación ilícita que secuestró y desapareció personas entre 1976 y 1983, en La Rioja. La Sala II del máximo tribunal penal rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de Catalán contra la sentencia que amplió las imputaciones en su contra, de simple encubridor a miembro de la organización delictiva. De acuerdo con el fallo, Catalán fue cómplice de las privaciones ilegales de la libertad y las torturas a presos políticos y no atendió a sus reclamos. Además, sobrevivientes denunciaron que incluso estuvo presente durante los interrogatorios.
El fallo de Casación ratifica que Catalán debe ser condenado como “autor de las privaciones de libertad, tormentos y homicidios cometidas en La Rioja durante la última dictadura cívico militar”. Los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci declararon “inadmisible” el intento del ex juez, a través de su abogado, Juan Carlos Pagotto, de llegar hasta la Corte Suprema para reclamar contra la sentencia que amplió la acusación en su contra. El planteo también había sido rechazado por el fiscal general, Javier De Luca; la Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja, el Ministerio de Justicia y organismos como la Asociación de Ex Presos Políticos de La Rioja.

Ahora, el Tribunal Oral Federal riojano deberá dictar un nuevo fallo contra Catalán como partícipe de “homicidio calificado en perjuicio de Adán Roberto Díaz Romero; imposición de tormentos agravada, en perjuicio de Ana Silvia Aldana, Jorge Raúl Machicote, Felipe Leandro Dávila, Domingo Antolín Bordón, Jacinto Alejandro Ocampo, Absalón Fuentes Oro y Carlos Alberto Illanes”.
Catalán fue responsabilizado por “los innumerables procedimientos irregulares e ilegales que convalidó, la colaboración que prestó en la sustanciación de los procedimientos, la desatención que les daba a las gravísimas denuncias sobre imposición de tormentos que le brindaban las propias víctimas, el permiso que les otorgó a funcionarios de las fuerzas de seguridad que actuaron como ‘auxiliares de justicia’, la situación de que la mayoría de los testigos que declararon lo ubican en el momento y en el lugar de los hechos, que sabía de los tormentos que recibían”.

Además –señalaron los jueces– “supo de la detención ilegal y posterior desaparición de la que fue víctima Díaz Romero y demás actos concretos, que se encaminaban a otorgar una cobertura de legalidad y garantía de impunidad” al terrorismo de Estado.
Catalán había asumido como juez federal el 6 de mayo de 1976, nombrado por el dictador Jorge Rafael Videla, tras el desplazamiento de su antecesor, el juez federal José Enrique Chumbita, echado del cargo después de negarse a librar órdenes de allanamiento injustificadas requeridas por los represores.