Por Alejandro Maidana para Conclusión.com.ar

Desde Pozo Hondo, Santiago del Estero, en donde los conflictos de tierras no han cesado durante décadas, una Parroquia abre sus puertas para que el campesinado organice sus asambleas. “Seguimos apuntando a cambiar el agronegocio, el modelo extractivista, la pandemia ha dejado al descubierto que este modelo no da para más”, le dijo a Conclusión.

Sergio Raffaelli nació en Capilla del Señor (Buenos Aires), desde los tres años creció en el populoso barrio de San Martín, donde estudió en el Colegio Agustiniano, de los agustinos recoletos. En 1992 ingresó al seminario, se ordenó de cura en el año 1999, viviendo desde el 2004 en Santiago del Estero. Una historia que merece ser reproducida, amplificada e imitada por aquellos que no han podido desprenderse del confort que brindan las grandes metrópolis.

Vivió hasta el 2011 en la Parroquia La Merced, que abarca todo el departamento Giménez, y desde ese año al 2019, lo cobijó la Parroquia Monserrat de Brea Pozo, hacia el centro geográfico de Santiago del Estero. Desde marzo de 2019 se encuentra nuevamente en Pozo Hondo, allí son alrededor de 100 comunidades campesinas, distanciadas entre ellas, ya que son 5.000 km2 lo que abarca todo el departamento y por ende la Parroquia.

La enorme mayoría del territorio es un enorme desierto verde de soja, allí la frontera agropecuaria avanzó de manera despiadada como en gran parte del país. Los sojeros tucumanos han copado grandes porciones de tierras santiagueñas, y en medio de esa deshumanizante concentración de suelo, las comunidades campesinas buscan sobrevivir al envenenamiento y al desarraigo.

Caminar a la par de las y los oprimidos, construir un futuro distinto desde las bases de la igualdad. De esta manera, un cura que nunca se despegó del legado de Cristo, hoy representa un verdadero escollo para los poderosos acostumbrados a llevarse todo por delante. “Mi conocimiento sobre los impactos de este modelo es de larga data, si bien pude afianzar el mismo visitando las comunidades, los criterios pastorales de la diócesis tienen que ver con esto, acompañar a las comunidades en sus necesidades, en sus sueños y en sus proyectos. Cuando uno va visitando las comunidades, van apareciendo esas realidades, eso es lo que tratamos de acompañar, así anunciamos este reino de dios, este reino de justicia, donde esta tierra es para todos, donde los bienes deberían ser para todos, donde a nadie le falte, pero tampoco le sobre nada, ya que esa es la propuesta de Jesús”.

Hace dos meses hay un destacamento policial en los Soraires, se encargan de controlar a los mosquitos aplicadores de venenos, se les solicitan todos los papeles que incluye habilitaciones y receta agronómica.

El avance de la frontera sojera viene generando desde fines de los 90, un combo problemático que ha disparado los índices de pobreza y exclusión. Sin tierra no hay dignidad, no hay presente ni futuro, las migraciones internas siguen siendo uno de los tantos <daños colaterales> de un modelo concentrador de privilegios. “La misma realidad de las comunidades nos va metiendo y haciéndonos parte de la misma. La problemática que más nos preocupa y consideramos que es muy grave, es esta. Hace unos años era el avance de la frontera agropecuaria y los conflictos de tierras, la pelea por los territorios entre las grandes firmas sojeras y el campesinado, y hoy en día son las fumigaciones con agrotóxicos, tanto vía aérea con avionetas, como terrestres con mosquitos”.

En la Parroquia del departamento Giménez, hace alrededor de 15 años comenzó a funcionar por pedido de las comunidades campesinas, una mesa de tierras parroquial. “Allí se vuelcan todas las preocupaciones de las familias en torno a los atropellos que tienen su anclaje en los desalojos de sus territorios. Desde mi vuelta hace dos años al lugar, nos reunimos al menos una vez al mes, si bien la pandemia nos alejó un poco, las charlas siguieron de manera virtual. En la mesa los y las protagonistas son los y las hermanas campesinas, si bien es la Parroquia quién los nuclea, hay muchas organizaciones que participan de estos encuentros, sumado a la municipalidad de Pozo Hondo, la Comisión Municipal de Abra Grande, el INTA a través del ProHuerta, la Agencia de Desarrollo local, el INDES que es el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social a través de becarias del CONICET y la Secretaria de Agricultura Familiar de la Provincia”.

 

La problemática de las fumigaciones, especialmente en el límite entre el departamento Giménez, Río Hondo y Tucumán, acorralan de sobremanera a las comunidades de esos lugares. “A raíz de eso, también comenzamos a articular con la Dirección de Agricultura de la provincia dependiente del Ministerio de Producción que es el organismo que tiene que controlar el cumplimiento de la Ley de Agrotóxicos, que se hace imposible de vigilar debido a lo deficitario de la logística y las dimensiones del territorio, por lo tanto, insistimos mucho a través de estos organismos del Estado. También a través de la policía de la provincia y la fiscalía de las Termas de Río Hondo, que es donde funciona el juzgado penal que nos corresponde por la zona geográfica. Hace dos meses hay un destacamento policial en los Soraires, que se encargan de controlar a los mosquitos aplicadores de venenos, allí se les solicitan todos los papeles que incluye habilitaciones y receta agronómica. El fiscal Guzmán, que es el coordinador de los fiscales de las Termas de Río de Hondo, también ha colaborado bastante, agilizando las denuncias provenientes de las comunidades, si bien nos estaría faltando la pata de Agricultura que es dependiente del Ministerio de la Producción, y que deja bastante que desear”.

Sabemos que este tipo de empresarios hacen lo que se les da la gana, moviéndose incluso por los márgenes de la ley, han puesto el grito en el cielo aduciendo que no se los deja trabajar, que la provincia de Santiago del Estero no quiere progresar, que ellos dan trabajo, alimentan al país, en definitiva, todo el verso que suelen utilizar los productores sojeros.

La álgida situación, hace que exista un campamento policial en la zona controlando las fumigaciones, suceso que motivó que los grandes productores sojeros, la mayoría tucumanos, se pongan muy nerviosos. “Sabemos que este tipo de empresarios hacen lo que se les da la gana, moviéndose incluso por los márgenes de la ley, es por ello que han puesto el grito en el cielo aduciendo que no se los deja trabajar, y que la provincia de Santiago del Estero no quiere progresar, que ellos dan trabajo, que alimentan al país, en definitiva, todo el verso que suelen utilizar los productores sojeros. A raíz de eso lógicamente, se han calentado por así decirlo, y se han reunido alrededor de 100 productores en el <El Charco>, solicitando una reunión con el fiscal de Termas, imagino que para presionar y que los dejen trabajar como ellos quieren. Es preciso destacar que aprietes no hemos tenido, pero si actitudes amedrentadoras, como por ejemplo la aparición de muchas camionetas que llegan con gente peligrosa de Tucumán que suelen ser barras bravas de San Martín y Atlético. Escraches si hemos sufrido por parte de los medios, más que nada de los pasquines que responden a los sojeros, que no han dudado en tildar a las familias de los Soraires y a mí, como fanáticos que tenemos una red de espionaje. Sumado esto, también sostienen que utilizamos la radio para hostigar y perseguir a los <pobres> sojeros, pero sinceramente no le damos trascendencia”.

No hay futuro potenciando el extractivismo, no puede existir un presente libre de venenos y enfermedades, avalando prácticas contaminantes que nacen desde el vientre mismo de la agricultura industrial. “Seguimos apuntando a cambiar el agronegocio, el modelo extractivista, la pandemia ha dejado al descubierto que este modelo no da para más, los dirigentes de alto rango tienen que darse cuenta que el fracking, la megaminería y el monocultivo transgénico no pueden continuar. Se tiene que terminar eso de tener que extraer de la tierra todos los recursos a costa de maltratar la naturaleza, y entender que hoy la justicia social va de la mano de la justicia ambiental. Es muy clara la ecuación, los primeros en pagar los platos rotos de las actividades extractivas, son los pobres. Hay que pensar a corto y largo plazo otra manera de producción, ya que hay alternativas, un modelo en donde los campesinos no se vean obligados a migrar a buscar trabajo en otros lados, el derecho a la tierra, una reforma agraria es menester y con urgencia, en donde la tierra se reparta con justicia para que cada argentina y argentino pueda contar con su parcela para trabajar y vivir. No se puede seguir envenenando la tierra, ya que, si tiene venenos, no podemos llamar alimento a aquello que ponemos sobre nuestras mesas”, concluyó Raffaelli.