La iniciativa de declarar patrimonio a las sierras del Famatina en la provincia de La Rioja, existe desde hace algunos años y es cuestionada por las asambleas que desde el 2006 se oponen a la megaminería. Los intereses ocultos tras el proyecto de patrimonialización.
Desde hace por lo menos dos años surgió la iniciativa de declarar Parque Nacional a las Sierras del Famatina en la provincia de La Rioja. El proyecto tendría como objetivo proteger legalmente a los cerros de la minería a cielo abierto. Sin embargo, la patrimonialización no garantiza que los proyectos mineros no puedan asentarse en la región. Por otro lado, habilitaría la privatización de un amplio territorio que quedaría disponible para los negociados turísticos.
Parte de la población da por sentado que convertir las Sierras del Famatina en Parque Nacional es beneficioso para concluir las posibilidades de explotación minera en el cerro. Ante esto, las comunidades de los distintos puntos de la provincia iniciaron, como se hizo hace 12 años con el tema de la megaminería, un proceso de búsqueda de información para decidir si apoyar, oponerse o darle identidad local a la iniciativa. Como parte de este proceso comunitario de consulta, las asambleas riojanas organizaron una serie de jornadas de debate en La Rioja y Chilecito.
La charla “Patrimonios (naturales y culturales) y neo extractivismo como formas imperceptibles de despojo en Argentina” apuntó a despejar interrogantes acerca de lo que implicaría la privatización y cercamiento de las tierras bajo la figura del Parque Nacional. A su vez, se explicó lo que implica en la actualidad la patrimonialización, entendida como un proceso en el cual “un bien común y público pasa a ser objetivado por el Estado como patrimonio”, según define Carina Jofré. Ella es arqueóloga y doctora en Ciencias Humanas y estuvo a cargo de la charla compartiendo sus investigaciones que vinculan extractivismo y patrimonialización. El primero, entendido como una nueva fase del capitalismo, la acumulación por desposesión. La patrimonialización, como un proceso lento de despojo por su vinculación directa con el modelo económico vigente.
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Desde hace dos décadas, los patrimonios ya no son locales, sino que tienen una dimensión mega-escalar en alianza con actores como UNESCO y son útiles para la expansión de la frontera extractivista: “Las barreras a penetrar son ahora las áreas protegidas, las reservas naturales, los parques nacionales, las reservas de Biosfera, las comunidades indígenas, son nuevos territorios a colonizar”, explica Jofré. Este proceso, está sucediendo en toda Latinoamérica.
El proyecto: el último sacrificio
Está circulando por distintos medios un vídeo que muestra desde tomas aéreas de máxima calidad, parte de las 90.000 hectáreas que forman parte del Proyecto de Parque Nacional Sierras de Famatina que es impulsado por un sector conformado por ex asambleístas (algunas de ellas vinculadas a Cambiemos) y sujetos vinculados al turismo. Con la voz en off de Marcela Crabbe, diputada del Parlasur por Cambiemos, en el vídeo se pide un “último sacrificio” para “salvar al Famatina”: apoyar la iniciativa de declarar patrimonio tierras riojanas que pasarían a ser propiedad privada de Parques Nacionales.
El territorio que define el proyecto, es vasto: al oeste los departamentos Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina; al este, la curva de nivel próxima a los 2000 metros de altura; al norte, el río El Durazno y al sur, el río Miranda. Allí se eleva el Famatina, la sierra extra andina más alta de América Latina, con 6180 metros.
En el proyecto también está involucrado Paulo D’Alessandro, uno de sus principales impulsores, ex asambleísta y actualmente vinculado directamente con Cambiemos y con la Cámara de Turismo de La Rioja. Dicho empresario, manifestó en una entrevista, que el jefe de gabinete por Cambiemos Marcos Peña Braun, estuvo poco tiempo atrás en La Rioja “conociendo” las Sierras de Famatina. Según explicitó D’ Alessandro “le entregaron el trabajo ya hecho con la parte de biodiversidad” al funcionario público para conseguir el “apoyo del gobierno nacional” y contar con la aprobación del proyecto.
Recordemos que desde la asunción de Mauricio Macri, el gobierno ha apuntado a consolidar el Acuerdo Federal Minero, favoreciendo el andamiaje para la consolidación del las inversiones transnacionales en Argentina en conjunto con la actividad minera.
Ante ello nos preguntamos ¿Qué significa que Parques Nacionales quede a cargo del Famatina, que sea propiedad del Estado? ¿Quiénes van a controlar lo que se hace y se deja de hacer en el territorio cercado del Parque Nacional? ¿A quiénes favorece la patrimonialización? ¿Quiénes manejarían los recursos?
Según el empresario D’Alessandro, la iniciativa apunta a conseguir fondos privados internacionales y a generar una mesa de diálogo para definir el proyecto en conjunto con las autoridades de Parques Nacionales, la comunidad de la Cámara de Turismo, los Guías de turismo y las autoridades gubernamentales como el intendente: “Debemos intervenir para poder elegir cuáles van a ser las zonas que van a ser explotadas y después intervenir en el plan de manejo”, expresó. ¿Dónde queda la voz de las asambleas que desde hace más de 12 años vienen diciendo que el Famatina no se toca, que el agua que de allí nace es un bien común? ¿Quiénes quedan excluidos del “diálogo” en este negociado de las Sierras del Famatina?
Patrimonio para quién y para qué
Jofré expusó dos casos ejemplares de la vinculación patrimonio-neoextractivismo. El primero, la Biosfera de San Guillermo en la provincia de San Juan, espacio donde se asientan los proyectos Veladero y Pascua Lama, a cargo de una de las mayores auríferas del mundo, la Barrick Gold. En la Biosfera coexisten tres figuras de patrimonio: reserva de biosfera, parque nacional y provincial. A su vez, este territorio está clasificado en tres zonas establecidas: área núcleo (Parque Nacional), área de amortiguamiento y área externa de usos múltiples. Sobre esta última zona de la biosfera y patrimonio de la humanidad se asientan más de diez proyectos mineros y otros de pequeñas empresas alrededor y ni siquiera se encuentra en la lista roja que elabora UNESCO cuando un patrimonio está en riesgo.
El segundo es el patrimonio de la humanidad Qhapaq Ñam, el primer proyecto mega-escalar impulsado por UNESCO. Involucra seis países, es una patrimonialización transnacional y está ligado a la cartera del IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como iniciativa del UNASUR en su momento. Jofré afirma al respecto: “Todos los puntos de los tramos declarados como sistema vial andino Qhapaq Ñam, todos coinciden con emprendimientos mineros”. Esto coincide con el corredor andino del IIRSA, denuncia la especialista.
A nivel latinoamericano encontramos que el caso del reordenamiento jurídico de la biósfera de San Guillermo posee similitudes con los casos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) en Bolivia y el Área de Manejo Especial de la Macarena en Colombia.
El rol del Estado es fundamental: de manera contradictoria promueve conservación y explotación sobre los mismos territorios sin consultar a sus pobladores. Lo alarmante de la situación es que este proceso se viene desarrollando de manera similar en distintas latitudes y escalas en toda América Latina, pero con un mismo propósito: garantizar tierras para los procesos de acumulación de capital.
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No hay licencia social
Desde la Asamblea por la Vida de Chilecito manifiestan que la declaración de Parque Nacional no garantiza que en el futuro, el territorio declarado o sus alrededores esté protegido de la megaminería u otros proyectos extractivistas.
En el comunicado emitido a principios de diciembre del 2017 expresan, además de la preocupación por la declaración de patrimonio al Famatina, la denuncia hacia la actividad de la empresa Seargen SA, que se encuentra instalada en Chilecito con el ánimo de “sondear” la opinión de las y los riojanos respecto a la megaminería. La asamblea afirma que la empresa “fue prometiendo puestos de trabajo casa por casa” con el fin de obtener la licencia social, que, recordemos, fue sucesivamente negada a cuatro empresas mineras que buscaron instalarse en territorio riojano.
El proyecto de patrimonialización en Famatina no cuenta con la licencia social, al igual que el caso del Parque Nacional Aconquija en el límite de Tucumán y Catamarca que es cuestionado por comunidades y organizaciones diaguitas de Tucumán, las cuales advierten el avance del estado sobre tierras ancestrales. Los pobladores demandan reales situaciones de debate en torno a las implicaciones y consecuencias de convertirse en Parque Nacional.
*Por Débora Cerutti y María Pía Silva para La tinta.
https://youtu.be/4VzWe3Orj0A