Aunque el viernes el juez de Jáchal había decidido mantener la clausura de la mina sanjuanina, ayer sorpresivamente fue rehabilitada, tras 21 días de inactividad. El gobierno provincial dijo que la empresa hizo las reformas reclamadas. La justicia de San Juan levantó la suspensión de la actividad en la mina Veladero por pedido de los fiscales de la causa, quienes afirmaron que la empresa realizó las obras de readecuación por las que fue intimada luego del derrame ocurrido el 8 de septiembre pasado. Rechazo de los asambleístas.

barrick goldEl viernes pasado, el juez de Jáchal Pablo Oritja había prorrogado la suspensión de actividades en Veladero, tras lo cual, avisó que tomaba licencia por quince días. En su lugar quedó la jueza de paz, también de Jáchal, Silvia Rodríguez, primera subrogante, que de manera diligente pidió, el lunes, licencia por enfermedad. Finalmente, ayer el juez de paz del Departamento de Iglesia, Hugo Quiroga, tomó la decisión de levantar la clausura de la empresa impuesta el 15 de septiembre. Los asambleístas de Jáchal reprobaron la medida y remarcaron la curiosidad de que fueran los fiscales, y no la empresa, los que solicitaran la reapertura de la mina. Por su parte, Barrick Gold anunció que, en virtud de la medida, dispuso “la reanudación de las normales operaciones”.

La resolución de Quiroga respondió al pedido de los fiscales Sohar Aballay y sus pares Fabrizio Médici y Daniel Guillén, designados por la Fiscalía General de la Corte. Según estos, el Ministerio de Minería “emitió la respectiva certificación de que Barrick ejecutó la totalidad de las tareas exigidas en el valle de lixiviación, donde tuvo lugar el incidente, incluida la presentación de un plan general de trabajo con medidas de seguridad”.

Al mediodía, el gobernador Sergio Uñac y el ministro de Minería, Alberto Hensell, confirmaron la noticia. “Se mirarán las condiciones de la seguridad ambiental”, dijo Uñac y advirtió que si bien “la empresa vino cumpliendo con lo que se le pidió, los controles serán estrictos como tienen que ser”. Al mismo tiempo, reafirmó su visión económica sobre la actividad en la provincia: “Tenemos las expectativas de que la minería siga siendo el eje del desarrollo de San Juan”.

El ministro Hensell afirmó que la rehabilitación de la mina “es muy positiva, porque vuelve a trabajar y la empresa vuelve a operar con sus trabajadores”. “Lo que vamos hacer de ahora en adelante es mirar el correcto cumplimiento y seguir analizando las condiciones de seguridad”, prometió.

En cambio, lejos del entusiasmo del gobierno y la empresa, quienes mostraron su desacuerdo a la medida fueron los asambleístas de Jáchal. Marcelo Arancibia, abogado de la asamblea, dijo a Página/12 que “esto lo veíamos venir. Lo preocupante es que, además del tema de la contaminación, esto es grave también institucionalmente”. “Los papeles están invertidos, no es la empresa la que pide el fin de la suspensión sino quienes representan al ministerio público. Los fiscales, que debieran ser los custodios del interés general, informados por Minería solicitan el levantamiento de la cautelar”, remarcó el abogado.

“De alguna manera –continuó–, este mecanismo alterado es una muestra de cómo funcionó la causa”. “Lo que falta es control y transparencia. Como ejemplo, basta ver que no están dando a conocer los monitoreos de las aguas y no revelan cuál es la línea de base (valores tomados al inicio de la actividad de la mina) con la que se comparan”, agregó.

Arancibia acotó que “está claro que la actividad minera no tiene licencia social, pero sí de aquellos que la tienen que controlar, si hay contaminación es porque hay alguna tipo de corrupción”.

“El juez tomó la decisión de levantar la clausura sin hacer público los monitoreos de aguas tanto superficiales como subterráneas. Sin ese informe es imposible llegar a la certeza de que la mina no está contaminando”, denunció.

Arancibia advirtió que “los jachalenses no encuentran eco institucional a sus reclamos. Por eso, nuestras expectativas están en la justicia federal de Mendoza, donde presentamos, el viernes pasado, un pedido de inconstitucionalidad al inventario de glaciares”. “Hacen inventario de glaciares de más de una hectárea cuando la ley ordena inventariarlos sin considerar la dimensión”. De esta forma remarcó “dejan afuera, por ejemplo todo el ambiente periglacial sobre el que está ubicado el valle de lixiviación de Veladero, sobre el río Potrerillos”.

Fuente: Página 12