La CONADU dispuso paro total de actividades por 72 horas para los próximos 6 y 7 de marzo. A la medida acatará el gremio local SIDIUNLAR,  y durante esos días no se tomarán exámenes en la UNLaR y no iniciaran las clases en el Colegio Preuniversitario San Martín. El 8 sólo harán paro las mujeres. La medida de fuerza es ante la negativa de la Nación de otorgar un aumento acorde al nivel inflacionario. El sector reclama una suba salarial del 16,6% para los meses de enero y febrero.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió, este martes, el plan de lucha con un Paro Nacional Universitario los días 6, 7 y 8 de marzo, entre otras acciones ante la negativa del Gobierno nacional de otorgar la recomposición correspondiente a la revisión salarial en la paritaria docente universitaria.
El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales se llevó a cabo tras la reunión paritaria de lunes en la que el gobierno no se movió de una oferta unilateral del 4%, que se suma al 5% otorgado a fines de enero.
La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) informó también que convocará a la segunda revisión paritaria el 18 de marzo, una vez anunciado el índice de inflación de febrero.
Ante este cuadro, el plenario de secretarios generales definió un plan de lucha con el siguiente cronograma:
• 21 de Febrero: Participar del Acto a un año del 21F con las centrales sindicales combativas, hacia un paro general del movimiento obrero frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional.
• 28 de Febrero: Jornada Nacional de Protesta
• 6 y 7 de marzo: Paro Nacional Universitario de 48 hs, movilización en unidad de acción con el conjunto de los gremios docentes del país para el día 6.
• 8 de Marzo: Paro de Mujeres en el marco del día internacional de la mujer trabajadora.
• 18 de marzo: acto en Pizzurno durante la convocatoria a la paritaria docente y en las distintas universidades del país.
• 19 de Marzo: Plenario de Secretarios Generales.

A su vez, la CONADU analizó la situación presupuestaria en las universidades, que será otro foco de conflicto durante el 2019. El presupuesto universitario no compensó la inflación del año pasado. Además, persiste la pelea para regularizar a los docentes contratados y ad honorem de las universidades públicas, efectivizando el acuerdo paritario que destina 50 millones para ese ítem.
En el plano estudiantil, el congelamiento de las becas PROGRESAR, y de las políticas socioeducativas se suma a los aumentos de transporte, materiales didácticos y el costo de vida general de los estudiantes, presionando sobre el abandono por causas económicas.
Por todo esto, la Federación evalúa un conflicto de largo alcance, que complicará el normal funcionamiento de las casas de estudio y en el que es necesario sumar a toda la comunidad universitaria y la sociedad en defensa de la Universidad Pública.