El reclamo de que no se le cobre al país los sobrecargos impuestos por el crédito que recibió el gobierno de Macri impactó en la reunión de dirección del organismo: unos apoyan, otros rechazan y hay tercera vía. La penalidad son alrededor de mil millones de dólares anuales.

El reclamo argentino para que, en el marco de la renegociación de la deuda, no se le cobren al país sobrecargos por el crédito que tomó el gobierno de Mauricio Macri, sacudió la mesa chica del Fondo Monetario (FMI). El tema -que se trató en el directorio y supone unos 1000 millones de dólares extra por año- fue parte de una reunión que el organismo mantuvo el lunes y de las cuales acaban de trascender los detalles.

En ese encuentro, se partió en tres bloques el directorio, entre los que apoyan a Argentina, los que rechazan la propuesta, y aquellos que están en una especie de tercera vía. Puesto en terminos más graficos: una disputa de poder entre los socios que creen que hay que considerar estos asuntos en el marco de una crisis; aquellos más ortodoxos que no quieren dejar de percibir ese ingreso; y un tercer grupo que no ve con malos ojos seguir debatiendo el asunto hasta encontrar consensos. Esta tensión interna se da, además, en un escenario en el que Argentina recogió apoyos de peso de las potencias europeas y hasta del G-20. Y muestra que la trama para destrabar mejores condiciones para renegociar se sigue jugando en la política y lejos del Excel.

 

Por medio de un comunicado, el organismo que conduce Kristalina Georgieva detalló cómo quedaron las voluntades. “Con agrado, los directores acogieron el análisis proporcionado por el Staff sobre la funcionalidad de los sobrecargos, como parte del marco de gestión de riesgos de la Caja y sus consecuencias financieras para los miembros”, develó el Fondo mostrando las cartas conceptuales de la disputa.

Sin dar nombres, el FMI consignó que hubo directores “dispuestos a explorar alivios temporales para ayudar a los miembros prestatarios a liberar recursos” para lo que entendieron son “desafíos económicos y de salud que plantea la pandemia”. En este pelotón, según confiaron a Página I12 fuentes oficiales, estarían las potencias de Europa como España, Francia e Italia. E incluso Alemania, que es históricamente más ortodoxo pero que trabó un vínculo de confianza con Argentina desde los tiempos de Angela Merkel y aún más con su sucesor, el ex ministro de Economía Olaf Scholtz.

Un segundo grupo consideró que “varios directores no vieron la necesidad de revisar los sobrecargos o bien modificar su diseño en esta etapa, teniendo en cuenta el bajo costo total de los préstamos del organismo”. En paralelo, esos directivos “señalaron el papel fundamental de los ingresos por recargos para garantizar una acumulación adecuada del riesgo”. Aquí se sospecha que aparecen naciones como Japón, de los más duros en la negociación, y un remanente de directivos del FMI más habituados al establishment financiero estadounidense que decidió el préstamo a Cambiemos.

El tercer bloque sugirió “seguir reflexionando sobre la mejor forma de implementar recargos durante situaciones de pandemia”. Estos detalles son relevantes y coinciden con la lectura oficial del asunto: que a pesar de las especulaciones y los apuros, resulta improbable que haya este año un definición de fondo respecto al pedido de Argentina. Lo cual está en línea con la marcha que, se observa, tendrá un pacto general que vería la luz en el verano del 2022. La discusión del tema, para Argentina, tendrá también sobre la balance de cara a lo que viene la consideración interna del FMI sobre el préstamo a Macri, dado que los sobrecargos son penalizaciones por créditos más caros en relación a la posibilidad de repago de los países.