Al gobierno de Ricardo QUINTELA y al pueblo de La Rioja:

Asamblea por la Vida de Chilecito y Mujeres Defensoras del Agüita del Famatina repudiamos al mandatario riojano, que junto a otros gobernadores del Norte Grande, participaron del encuentro Oportunidades de Inversión en el Consejo de las Américas en Nueva York ofreciendo el territorio riojano a inversionistas para la explotación de litio.
Hizo especial hincapié en Laguna Brava, sitio Ramsar y por tanto Humedal Alto Andino, patrimonio paisajístico de gran valor turístico e invaluables servicios ambientales para la subsistencia de los pueblos.

Repudiamos el mandato a los diputados nacionales de no votar el proyecto consensuado (por 578 organizaciones sociales) de Presupuestos Mínimos de Protección de Humedales, por considerar que perjudicaría la explotación de litio ubicada juntamente en los salares Alto Andinos.

Exigimos a los diputados nacionales, en tanto representantes del pueblo, a votar positivamente la Ley de Humedales sin modificación alguna que beneficie a la explotación de litio y por tanto, destrucción de estás reservar de agua, bien común a los pueblos.

Repudiamos la hipocresía e irresponsabilidad del gobernante cuando habla de la necesidad de preservar el ambiente mediante actividades “sustentables” como lo exigen los tratados internacionales de Cambio Climático firmados por Argentina, en tanto ofrece los humedales para la explotación de litio.

Alertamos a las comunidades a informarse sobre los desastres ambientales, económicos y socio-culturales que sobrevienen a la explotación de litio que, como toda minería, utiliza grandes cantidades de agua dulce, contamina y destruye paisajes, biodiversidad, patrimonio arqueológico y cultural.

Rechazamos la avanzada de las políticas mineras en la provincia y el país, en tanto falsas soluciones a la transición energética y a la creación de puestos de trabajo y desarrollo para nuestros pueblos.

Reafirmamos la autodeterminación y no otorgamiento de licencia social o consentimiento para la actividad minera.
Advertimos al mandatario sobre las consecuencias de la entrega de nuestros bienes comunes, abusando de su poder.
Exigimos responsabilidad a la hora de proponer actividades productivas que impliquen deterioro y pérdida de servicios ambientales que ponen en riesgo las economías regionales y la vida de los pueblos.

Chilecito, 3 de Octubre de 2022